El origen

Xullo 6, 2009 ás 22:56 (General)
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Los primeros despidos masivos de funcionarios tuvieron lugar en España tras la invasión napoleónica, al cesarse a todos los cargos públicos que habían colaborado con José Bonaparte. Con la restauración de Fernando VII en el trono se suceden los vaivenes políticos que tanto han marcado la historia española: un ratito los absolutistas, otro ratito los liberales. A cada uno le seguían los consiguientes ceses de empleados públicos.

La consolidación del régimen liberal con la llegada al trono de Isabel II en 1833 supuso a su vez la consolidación de una inestabilidad política crónica (no hay más que ver el rosario de estatutos, leyes fundamentales, constituciones o proyectos contitucionales que hubo desde entonces). El caso es que por cada cambio de gobierno se ponía en la calle a todos los funcionarios públicos. Nacen así los cesantes, los funcionarios despedidos antes de tiempo (en la etimología burlesca de Carlos Frontaura, los que cesan-antes), y sus desgracias y privilegios (el haber de cesantía, o pensión que se les pagaba tras el despido). El cesante llegó a ser todo un tópico literario de la época, como se supone que muestra la obra de Galdós. Hubo, al parecer, intentos de parar el fenómeno: Bravo Murillo (al que conocemos sobretodo por el Monopoly) y O’Donnell lo intentaron en 1852 y en 1866, sin conseguirlo.

La inestabilidad política daría lugar, tras mucho bamboleo, al llamado sistema de turnos, ingeniosa solución de Cánovas según la cual los liberales y los conservadores se turnarían respetuosamente en el poder, eso sí, haciendo como que se presentaban a las elecciones. Fue tal vez el periodo más corrupto e ineficaz de la burocracia hispana. La inestabilidad crónica alcanzó su forma más genuinamente española: se institucionalizó. Hasta tal punto que la constitución canovista duraría desde 1876 hasta 1931. Es nuestro record constitucional absoluto: 45 años (la actual de 1978 lleva vigente 31 años) de muy poquita vergüenza política y mucho caciquismo. Eso sí, los despidos de funcionarios se sucederían como el transcurso de las estaciones, paralizando la administración cíclicamente.

Hubo que esperar a Antonio Maura (el hermano del bisabuelo de la actriz Carmen Maura) para que, en 1918, se aboliera la cesantía política. Los funcionarios pasaron a ser, al parecer, inamovibles. Esas son las razones que explican que la condición de funcionario en España sea vitalicia: se trataba de garantizar su independencia política en aras de la eficiencia burocrática.

No me creo mucho el sofisma anterior (me refiero a lo de la eficiencia), pero me ha parecido oportuno recuperar esos datos al leer, en menéame (no se pierdan los comentarios) esta curiosa noticia. Es bastante probable que sea casi todo una deformación del periodista (es sospechosa la brevedad del texto, por no mencionar el origen, y dudo mucho que en Gran Bretaña los funcionarios sean lo mismo que en España). Pero en fin, ahí queda, por si la sugerencia es exportable al caso español, donde sumamos tres cuartos de millón de docentes, según algunos.

Por si el enlace se rompe en un futuro, copio el texto aquí debajo:

Reino Unido examinará cada cinco años a los profesores de los colegios públicos

2 Julio 09 – Celia Maza
Las vacaciones de los escolares aún no han empezado en Reino Unido, pero más que los alumnos ahora serán los profesores de los centros públicos los que tendrán que aplicarse estos meses para poner al día todos sus conocimientos. Aquellos que no estén a la altura directamente se irán a la calle. Ésta ha sido la advertencia que ha lanzado el Ejecutivo británico a los profesionales que en su día sacaron una plaza. A priori parecía un trabajo para toda la vida, pero ahora cada docente contará con una «licencia» que tendrá que ser renovada cada cinco años si quiere mantener el puesto. El objetivo es «deshacerse» de aquellos funcionarios que no realizan bien su tarea y hasta ahora se habían escabullido de responsabilidades cambiándose de un colegio a otro. Ed Balls, responsable de Educación, matizó que la enseñanza es una «profesión que debe ser continuamente reciclada» y con esta medida lo único que se quiere garantizar es que «cada aula del país cuente con los mejores maestros». La «licencia» es similar a la que ya tienen en las Islas Británicas los médicos o los abogados. En el campo de la enseñanza se quiere aplicar a partir de septiembre de 2010. La evaluación se empezará primero con los que acaban de sacar plaza, los que regresan de una excendencia y los que van a realizar una sustitución antes de emplearse a nivel nacional. Serán los directivos de cada centro quienes valoren si los profesores están en condiciones de renovar su puesto. Aquellos docentes que no estén de acuerdo con el veredicto contarán con una «licencia temporal» mientras su situación es estudiada por un tribunal. La medida ha tenido buena acogida entre los sindicatos. Algunos han mostrado su preocupación por la carga burocrática que supondrán las renovaciones, pero en términos generales todos han dado la bienvenida a una norma que, a su parecer, no hará otra cosa que mejorar el sistema.

Tomado de La Razón, 2 de julio de 2009.

Fuentes consultadas:

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