Nuevos vientos en el Derecho Penal de Hispanistán


Si quiere conocer un país puede comprarse un libro de Historia, pasear por sus cementerios o lo visitar sus tabernas. Pero si verdaderamente quiere conocer los entrepaños de un Estado, lo que tiene que hacer es leer su Código Penal. En él están recogidas las conductas que una sociedad dada considera reprobables junto a las obsesiones de sus gobernantes, como el escándalo público o el delito de blasfemia.

Cada revolución o cambio social va acompañado de su correspondiente cambio en las leyes penales. Ocurrió con las revoluciones burguesas, que adoptaron el napoleónico, un código ilustradísimo cuyos vaivenes, para el caso español, hay que poner en el contexto de la disparatada historia del siglo XIX español. Lo reformó duramente el dictador Primo de Rivera, cambió al llegar la II República, que le añadió su infame Ley de Vagos y Maleantes (que no se derogaría hasta 1970), y el nacionalcatolicismo promulgó el suyo, en 1944, añadiendo una cláusula de retroactividad que permitió encausar (y fusilar) a los que hubieran puestos de responsabilidad republicana en fechas anteriores a su entrada en vigor. Luego vino la democracia y su lenta puesta al día, artículo por artículo, hasta la nueva versión de 1995, durante la égida socialista.

De manera que la revolución conservadora en la que estamos inmersos no quiere ser menos y plantea una nueva reforma parcial. Esta vez se trata de castigar duramente la oleada de protestas que, se teme el gobierno, se desate cuando el populacho se canse de que le jodan bien jodido. Observen:

(…) la idea de Interior —aunque finalmente en esta cuestión será el Ministerio de Justicia el que decida— es reformar varios artículos del Código Penal. En primer lugar, el 550, para que el delito de atentado contra la autoridad y sus agentes incluya no solo la resistencia activa sino también la resistencia pasiva grave; el 551, para que la pena mínima en los atentados contra agentes de la autoridad pase de uno a dos años —y pueda imponerse en estos casos la prisión provisional—; el 552, para que cometer el delito de atentado con ocasión de una reunión o manifestación sea un subtipo agravado; el 556, para elevar la pena del delito de resistencia a la autoridad no considerada grave de los actuales seis meses a un año de prisión a entre uno y tres años de cárcel; y el 570 bis o 577, para castigar con la misma dureza que la kale borroka las conductas concertadas que pretendan “perturbar gravemente el orden público”. Fuente.

Prisión preventiva por una tangana en la calle! Si un extranjero leyera nuestro código penal, si es que se reforma, ¿qué entendería?

Pues teniendo en cuenta lo creativos que son nuestros antidisturbios a la hora de levantar atestados ya podemos ir preparándonos. Recuerden que el testimonio de un agente vale exactamente el doble que el suyo (gracias, Corcuera!). Sin ven un poli por la calle salgan por patas.

Por supuesto, ni una palabra de endurecer las penas para los delitos de cuello blanco, la prevaricación, la corrupción y otros delitos asociados a nuestra casta dirigente, esa que nos ha llevado a todos a la catástrofe

Ya saben: políticos de mirerda, gobierno de mierda, leyes de mierda.

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